Apartan a la cúpula de la Unidad Penal 48 de San Martín

(AW) La serie de denuncias sobre las torturas que reciben los presos de la Unidad Penal 48 de San Martín derivaron en su clausura. El pabellón tenía una sobrepoblación del 244 %.
La Comisión por la Memoria a través del Comité Contra la Tortura, acompañada por el CELS inspeccionó el jueves 10 de marzo la Unidad 48 de José León Suárez. Ttras constatar y denunciar las graves condiciones de detención de las personas allí alojadas se convocó al Ministerio de Justicia que dispuso la inmediata clausura del Pabellón 12 y el desplazamiento de las autoridades de la Unidad y el Complejo carcelario.

En el recorrido, que se centró en el pabellón 12 del Penal, se pudo constatar que los detenidos se encontraban hacinados y en pésimas condiciones de alojamiento. Había 554 personas detenidas en toda la unidad siendo 450 el cupo fijado por el SPB. Esto indica una sobrepoblación del 23% según el cupo penitenciario. En el Pabellón 12 había 55 personas en 16 celdas de 4 m2, es decir que convivían 4, 5 y hasta 6 detenidos por celda: una sobrepoblación del 244 %. Allí permanecían encerrados las 24 hs, sin acceso a las duchas y turnándose para dormir.
De los 50 detenidos entrevistados, 25 refirieron haber sido víctimas de malos tratos y torturas por parte del SPB y se veían golpeados con marcas de palos, patadas, ojos morados y distintas heridas. Al menos 10 casos eran de extrema gravedad. Ninguno había tenido acceso al área de sanidad para ser atendidos.
En las entrevistas también se denunciaron ciertas "zonas liberadas" dentro del penal donde eran agredidos y robados por otros detenidos en connivencia con personal del SPB.
Las condiciones edilicias son pésimas: inodoros tapados y rebalsando materia fecal y orina, mal olor, invasión de cucarachas y ventanas con todos los vidrios rotos. Se observó además que la comida era de muy mala calidad y que en varias ocasiones ni siquiera se les suministraba, así como tampoco se les proveía a los detenidos de la cantidad de agua potable necesaria para su consumo personal. Esto es particularmente grave en este penal ya que al estar construido sobre un predio del CEAMSE el agua corriente no es apta para el consumo humano. Gran cantidad de detenidos presentaban sarpullidos, ronchas e infecciones.

Ante tales condiciones se convocó al Ministerio de Justicia y se presentó el Subsecretario de Política Criminal César Albarracín que dispuso la inmediata clausura del Pabellón 12 y apartó al Jefe del Complejo Penitenciario Miguel Ángel Colombo, al director de la Unidad Carcelaria Raúl Galeano, al jefe de la sección de Vigilancia y tratamiento, Edgardo Gumarelli, y a los encargados de pabellón.
La Comisión por la Memoria formalizará el lunes su presentación ante el Juzgado de Ejecución Nº 1 de San Martín solicitando que se fije un cupo de la Unidad 48 conforme a la normativa internacional de derechos humanos y se disponga la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas; que el Poder Judicial garantice la integridad física y psíquica de los detenidos, el acceso a las actividades laborales, educativas y recreativas; que se garantice agua potable para todos los allí alojados; que se asegure también la debida atención médica garantizando la plena accesibilidad a los servicios sanitarios y que reúna los recaudos mínimos que garanticen la integridad de las personas.
Según el Director del Comité contra la Tortura Roberto Cipriano García: "La situación penitenciaria es crítica en toda la Provincia de Bs As: las cárceles explotan por la excesiva cantidad de detenidos que supera en un 200 % las plazas existentes. Aumenta la violencia institucional y la cantidad de casos de torturas. Además, durante 2010 la cantidad de muertes ascendió a 124 personas, más de 10 por mes. En la Unidad 48 se desnudan las peores violaciones de derechos".
Por su parte Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión afirmó que: "Es evidente el colapso de la política penitenciaria provincial, que exige una profunda modificación y que terminar con los espacios de impunidad que permiten que quienes llevan adelante actitudes de violencia sobre los detenidos llegando a la tortura crean que están protegidos por el sistema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha convocado a audiencia pública para el 28 de marzo para tratar el tema de los privados de libertad en la provincia de Bs As, sería oportuno que bajo el paraguas de la CIDH se encuentren soluciones reales a estos problemas aberrantes".

Contactos: Alejandro Mosquera: Secretario Ejecutivo de la CPM: 011-15-31772269
Dr. Roberto Cipriano García, Director del Comité contra la tortura de la CPM
0221-15-601-7695
Prensa: Violeta Burkart Noe 156-520-5490

La COMISIÓN POR LA MEMORIA está integrada por:
ADOLFO PEREZ ESQUIVEL - HUGO CAÑON - LAURA CONTE - ALDO ETCHEGOYEN - ALEJANDRO MOSQUERA - VICTOR MENDIBIL - ELISA CARCA - MAURICIO TENEMBAUM - ROBERTO TITO COSA - DANIEL GOLDMAN - MEMPO GIARDINELLI - ELIZABETH RIVAS - MARTHA PELLONI - VICTOR DE GENNARO - EMILCE MOLLER - FORTUNATO MALLIMACI - SUSANA MENDEZ - LUIS LIMA - VERONICA PICCONE - CARLOS SANCHEZ VIAMONTE, entre otros.
www.comisionporlamemoria.org Twitter: @cpmemoria

El 30% de la población carcelaria es analfabeta


Según una especialista del Ministerio de Educación, una tercera parte de los 14.200 presos argentinos no sabe leer ni escribir, y la cifra trepa al 70% en el NOA y NEA. Pero señaló que las acciones destinadas a revertir esta situación se incrementaron en un 37% en los últimos años.


El 30% de los 14.200 presos alojados en cárceles argentinas es analfabeto, informó una especialista del Ministerio de Educación que señaló que las acciones destinadas a revertir esta situación se incrementaron en un 37% en los últimos años.

María Isabel Ribet, titular de la Modalidad de Educación en Contextos de Encierro del Ministerio de Educación, informó a Télam que "el 30% de los 14.203 presos que están en 200 cárceles argentinas son analfabetos, cifra que trepa al 70% en las regiones del NOA y NEA".

Ribet aclaró que en el 2005 el porcentaje de analfabetos llegaba al 32% y que gracias a las políticas del Estado, esa cifra descendió al 30%, aunque sostuvo que garantizar a todos la educación "demanda un mayor esfuerzo de articulación entre distintas áreas del estado".

Las estadísticas muestran que entre 2001 y 2005 en las cárceles aumentaron los inscriptos en un 23% en el nivel primario, un 29%, en el nivel medio y el 57%, en la formación para el trabajo.

Ribet precisó, además, que más de la mitad de las 80.000 personas alojadas en cárceles, institutos de menores y centros de atención de adictos -el 70% de las cuales tiene entre 18 y 35 años- llegó a la situación de encierro sin haber desarrollado un oficio o profesión.

La funcionaria señaló que el analfabetismo "en los institutos de menores llega a casi el 70%", según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Penal SNEEP-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Ribet señaló que en cárceles, institutos de menores y centros de atención de las adicciones, a pesar de los esfuerzos, subsisten dificultades para que la persona en contextos de encierro acceda a la alfabetización o a la escuela, sostuvo la funcionaria.

La oferta educativa en esos contextos de encierro depende, muchas veces, de las condiciones que ponen los mismos servicios penitenciarios, dijo Ribet, quien participó esta semana del II Seminario de Alfabetización realizado ayer entre especialistas de Iberoamérica.

"Es común que en algunas cárceles permitan a los condenados y no a los procesados concurrir a clase, y que limiten el beneficio a los que tienen buen comportamiento", señaló Ribet, quien consideró que "esa decisión es tremenda".

"La educación es un derecho universal contemplado por ley, más allá de las trasgresiones o la condición procesal de las personas", sostuvo.

La funcionaria también consideró que "faltan lugares de encuentro para los presos que asisten a la alfabetización; no están debidamente coordinados los horarios de traslado, lo que provoca demoras o no asistencia por causas ajenas a la voluntad de ellos".

También dijo que las requisas en los pabellones son causa asidua de la pérdida de materiales didácticos necesarios para el preso que concurre a los centros de alfabetización.

Ribet indicó que "la continuidad de los estudios no siempre está contemplada cuando se traslada a un preso de un penal a otro, y que muy frecuentemente cuando un preso quiere dirigirse a clase no hay personal de seguridad para acompañarlo".

"La pobreza también es localizable geográficamente en Argentina y aunque la población más vulnerable se inscriba y acceda a la oferta educativa en cárceles, es probable que registre un elevado fracaso escolar o deserte", sostuvo Ribet.

Nota correspondiente a la publicación del día Sábado de 14 de Marzo de 2009
www.telam.com.ar